Por Alicia Quiñones


Londres, 31 de octubre de 2019.- Durante las recientes semanas, en varios países de América Latina y el Caribe se han registrado largas jornadas de protestas, algunas con violencia,  con manifestantes agraviados por una abrumadora cantidad de problemas, como corrupción institucional, fraude electoral, aumento de precios del combustible y la reducción de los salarios. En algunas de estas manifestaciones, fuerzas policiales y militares, han respondido con actos represivos e intentando restringir indebidamente en diversas ocasiones el derecho a la libre expresión, de reunión y manifestación.

Tras el estallido de protestas, se ha declarado un Estado de Emergencia en EcuadorChile y Bolivia. Esto ha permitido el uso excesivo de la fuerza y la restricción del acceso a los periodistas que intentan cubrir las protestas, algunos de los cuales han sido agredidos. Mientras tanto, en Haití las llamadas sociales se intensificaron luego de una crisis social, económica y política que comenzó hace más de un año. La restricción de la libertad de expresión ha sido severa.

 “Los mandatarios latinoamericanos se encuentran en un momento crucial para mostrar su verdadero compromiso con proteger los derechos de sus ciudadanos y la democracia. Periodistas, intelectuales y escritores deben expresarse e informar sin miedo a represalias ni ataques, más aún cuando la literatura y el periodismo son el espejo de nuestras vidas”, dijo Jennifer Clement, presidente de PEN Internacional.

Haití ha vivido por al menos seis semanas una nueva ola protestas, en las que los manifestantes piden la dimisión del presidente haitiano Jovenel Moïse al ser acusado de dirigir un supuesto desvío de millones de dólares. Esto muestra una crisis social, económica y política que ha llevado a los ciudadanos a decir que ésta es “peor que otra que hayan experimentado”.

El costo para el periodismo ha sido grave, dos periodistas asesinados en 2019: el prominente reportero radial Néhémie Joseph, asesinado el 10 de octubre, y Pétion Rospide, reportero de Radio Sans Fin, asesinado a tiros el 10 de junio durante las protestas. Asimismo, la CIDH ha registrado agresiones a periodistas, como las ocurridas el 23 septiembre, cuando un senador haitiano abrió fuego en inmediaciones del parlamento de Haití, donde se hirió a un periodista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), urgió al Estado “a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la reunión pacífica y adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas.”

Frente a la crisis, escritores, intelectuales y miembros del Centro PEN Haití hicieron un llamado a la Nación en junio de 2019, y en octubre de 2019, lanzaron un llamado al mundo para mostrar la situación de su país.

En Ecuador, el 1 de octubre de 2019, el presidente Lenin Moreno anunció una serie de medidas de ajuste económico (Decreto 883), entre las que incluía una baja de salarios en el sector público y la eliminación del subsidio a combustibles. El 2 de octubre, el movimiento indígena comenzó las protestas en contra de esas medidas económicas. Moreno declaró el Estado de Excepción, que endureció las restricciones a las protestas y la labor de los periodistas para llevar a cabo su trabajo tras la imposición de un “toque de queda y militarización” en Quito, capital del país,

Durante las jornadas, medios de comunicación y periodistas sufrieron agresiones. Según la organización FUNDAMEDIOS, se agredieron al menos a 138 periodistas, de ellos al menos 10 eran periodistas impresos. Las protestas dejaron un saldo de 7 muertos y más de mil detenidos, y cesaron el 13 de octubre de 2019.

“No sólo hacemos un llamado a las autoridades de estos países a que protejan el derecho a la protesta y generen un ambiente pacífico. También nos solidarizamos con los centros PEN en cada uno de esos países”, declaró Emmanuel Pierrat, presidente del Comité de la Paz y presidente del Centro PEN Francés.

En Chile, ciudadanos han decidido salir a las calles desde el 16 de octubre después de que el mandatario Sebastián Piñera anunciara el aumento de tarifas al Metro, protestas sin precedentes desde tiempos de dictadura, décadas atrás. Las movilizaciones llevaron a declarar a Piñera un Estado de Emergencia y, en consecuencia, se invocó la Ley de Seguridad del Estado, que implica una restricción a la libertad de reunión por un plazo de 15 días y el mando militar. Dicho decreto tuvo como consecuencia, entre otras cosas, designar un toque de queda, así como un despliegue militar y un uso desmedido de la fuerza pública en contra de civiles, como lo condena la CIDH, provocando el aumento de las protestas. Se han registrado al menos 19 muertos.

Autores y periodistas chilenos han comenzado a alzar la voz a través de acciones públicas, campañas y posicionamientos como el movimiento Autoras de Chile (AUCH!), quienes emitieron una declaración luego de explicar lo que ocurre en su país.

El poeta  y presidente del Centro PEN Chile, Jorge Ragal, a través de un comunicado, afirmó: “Valoramos las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía que, ejerciendo su legítimo derecho a la libertad de expresión, protesta contra la desigualdad, la corrupción, el abuso, la inseguridad (…) Vemos con preocupación las reiteradas denuncias de detenciones y tortura de manifestantes que solo expresaban su opinión. (…) No estamos en guerra y se debe terminar con el estado de emergencia. El camino es el diálogo, el encuentro y no la represión y la división”.

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, en Chile se han registrado numerosos casos de ataques a periodistas y medios de comunicación, aunado a campañas de intimidación en redes sociales que incitan a cometer actos de violencia contra la prensa y medios, como detenciones arbitrarias, disparos en contra de comunicadores o el incendio provocado en las oficinas del diario El Mercurio en la ciudad de Valparaíso. Además, el 27 de octubre, según informó el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, en el Aeropuerto de Santiago de Chile fueron detenidos al menos tres periodistas de origen argentino que llegaban a cubrir las protestas.

“Todos los Estados tienen el deber de proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas que realizan su trabajo, y dicho deber debería ser más fuerte en momentos de crisis sociales, agitaciones políticas o manifestaciones civiles, como las que estamos viviendo en Chile en estos momentos. Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y participar en procesos políticos. Los derechos humanos no pueden suspenderse sin el debido proceso, y aunque haya actos específicos de violencia. E, incluso entonces, la suspensión solo puede ser de manera proporcional y sujeta a supervisión judicial. No debe haber ninguna represión ni detención arbitraria de manifestantes pacíficos. El estado también debe garantizar que cualquier persona cuyos derechos sean violados tenga acceso a los recursos apropiados, incluida la representación legal y la investigación rápida de sus reclamos,” dijo Salil Tripathi, Presidente del Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional.

En Bolivia, tras una jornada de elecciones presidenciales disputada que declaró ganador a Evo Morales, los ciudadanos bolivianos salieron a las calles para manifestarse tras la denuncia de un supuesto fraude electoral. Las protestas comenzaron el 21 de octubre de 2019 e hicieron que Morales declarara el Estado de Emergencia y un golpe de Estado en proceso.  La ONU ha expresado su preocupación por los informes del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión han tomado conocimiento de declaraciones estigmatizantes de algunos altos funcionarios contra la prensa, mientras que en ciudades como Cochabamba, al menos seis periodistas han sido heridos y un reportero del diario Los Tiemposfue golpeado por la policía antimotines, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.

Dadas las circunstancias actuales y los ataques a la libertad de expresión en estos países de América Latina y el Caribe, PEN Internacional llama a los distintos gobiernos a:

  • Respetar el derecho a la protesta. Todos los Estados están obligados a garantizar el derecho a la protesta, que a su vez garantiza la libertad de expresión y de reunión.
  • Asegurarse de que las fuerzas policiales y militares no violenten a los periodistas que se encuentran cubriendo las diversas manifestaciones, así como anular cualquier acción desmedida en contra de los manifestantes.
  • Respetar los acuerdos internacionales que Haití, Bolivia, Ecuador y Chile han firmado como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.